ANDINA
· En 30 días, la nueva Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso deberá tener listo un primer grupo de iniciativas legislativas para impulsar la lucha contra la criminalidad, opinó el legislador Renzo Reggiardo, quien ha sido voceado para presidir este grupo de trabajo.
Este conjunto de propuestas deberá ofrecer “señales claras” de la voluntad del Estado por combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, actualmente afectada por el incremento en los índices de delincuencia, añadió.
“Analizamos que en los próximos 30 días podamos poner un paquete de medidas que den señales claras a la ciudadanía de que hay presencia del Estado y autoridades; no podemos quedarnos de brazos cruzados”, subrayó.
Reggiardo, congresista de Concertación Parlamentaria, declaró a los periodistas en la clínica Internacional, donde su hija Ariana permaneció varios días internada en cuidados intensivos tras recibir un balazo en el pecho por delincuentes en un intento de asalto el pasado jueves, en el distrito limeño de San Borja.
El hecho generó el repudio general de la sociedad y puso en la agenda la necesidad de discutir medidas a fin de proteger a la ciudadanía de la delincuencia y combatir la criminalidad, temas que el presidente Ollanta Humala dijo que serán prioridad en su gestión.
El pleno del Congreso aprobó el jueves por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que se encargará de monitorear y evaluar la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas a reducir y eliminar la criminalidad.
Reggiardo indicó que una de las propuestas que planteará en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana será castigar con “cadena perpetua” a cualquier persona que atente contra la integridad física de un menor de edad, en cualquiera de sus modalidades.
También dijo que buscará derogar la legislación de 1944, que permite sentenciar a una persona por el delito mayor, no obstante haya cometido varios delitos que sumados le otorguen un periodo más prolongado en la cárcel.
“Por lo tanto, una persona con varios delitos en su haber puede tener 30 años acumulados, pero si el mayor de los delitos es por siete años, sólo por siete años se va, y eso es inaceptable”, subrayó.
Indicó que la acumulación de penas ya está implementada en el nuevo Código Penal, pero hay jueces “que no conocen o se hacen los locos o no quieren conocer” el tema.
Asimismo dijo que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) debe hacer un trabajo de investigación para determinar qué jueces incurren en esta aplicación de la norma de 1944.
Por otro lado señaló que los penales deben declararse en emergencia y reorganización, y, a título personal, manifestó que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no debería ser un Organismo Público Descentralizado (OPD), sino una dirección del Ministerio de Justicia.
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