PRENSA LATINA
El gobierno de Perú llamó el lunes a evitar más muertes en conflictos sociales, tras un informe oficial que precisó en 191 los muertos por la represión de protestas durante la pasada administración de Alan García.
"Eso no puede darse más", dijo el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, al señalar que "no puede haber más muertes por conflictos sociales".
Dijo confiar en que así será por la política de diálogo del gobierno del presidente Ollanta Humala y por la reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa a las comunidades nativas sobre las decisiones oficiales que las afecten.
La falta de esa legislación y la imposición inconsulta de concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas dio lugar a la gran mayoría de los conflictos cuya represión dejó un saldo de 191 muertos en los cinco años de gobierno de García (2006-11).
La cifra fue precisada por la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, según la cual la cifra incluye 153 civiles y 38 policías y militares.
El congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista, de García, alegó que culpar al anterior gobierno de las 191 muertes "es exagerado" y que no todas son atribuibles a esa administración.
Señaló que hay numerosos conflictos sociales pendientes y que bajo el nuevo gobierno habrá también muertos.
Sin embargo, el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, Víctor Caballero, dijo que el número de caídos en la represión es resultado de una mala política que no tuvo en cuenta los derechos de la población ni empleó el diálogo, y de la acción de grupos radicales.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, dijo que las vidas perdidas son consecuencia de la política represiva que en el pasado gobierno reemplazó al diálogo.
Según el activista humanitario, García creía que la inversión y la explotación de los recursos naturales están por encima del derecho de las personas, visión que dio pie a la represión.
Demandó modificaciones legales que dejen sin efecto normas dictadas por el pasado gobierno que criminalizan las protestas sociales y dan carta blanca a las fuerzas armadas y la policía para actuar contra las protestas.
La estadística oficial indica que en 2006 la represión causó 17 muertos, cifra que se elevó a 28 en 2007, a 35 en 2008, a 66 en 2009, a 35 en 2010 y a 10 en los cuatro primeros meses del presente año.
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