ANDINA
Todo el Estado se sumará a la lucha frontal contra el lavado de activos y para ello se optimizarán las herramientas de prevención, detección y represión de ese ilícito, afirmó hoy el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa.
Señaló que en ese objetivo será esencial la implementación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya comisión encargada de su implementación preside.
Figueroa añadió que se buscará hacer efectiva la lucha contra el lavado de activos vinculado al narcotráfico, el contrabando, la corrupción, la defraudación de rentas, el secuestro y el terrorismo.
En declaraciones a la Agencia Andina explicó que el trabajo de la comisión multisectorial será evaluar el plan nacional elaborado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y elaborar su reglamento, para su inmediata puesta en vigencia, fortaleciendo la capacidad de combatir el lavado de activos.
“Este plan pretende erigirse en la herramienta práctica y articuladora de los esfuerzos estatales, para una lucha frontal contra el lavado de activos”, anotó.
Entre las acciones del plan nacional se encuentra agilizar el procedimiento del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil; y establecer una sanción penal por el incumplimiento en la entrega de dicha información a las autoridades.
También establecer plazos más amplios para la investigación preliminar; fortalecer la capacidad del Estado a fin de despojar a los criminales y terroristas de sus activos conseguidos con recursos ilícitos; capacitar al personal de las instituciones públicas comprometidas en la lucha, así como peritos, expertos y asesores.
Además, se proyecta crear un registro de casas de cambio de monedas, dictar las medidas de cumplimiento mínimas para que éstas operen y designar a su ente supervisor, entre otras acciones.
Figueroa adelantó que la próxima reunión de la comisión será el 20 de octubre, y en ese encuentro los diferentes sectores alcanzarán su opinión y propuestas sobre la implementación del plan, cuya elaboración tardó cuatro años y contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, y de 12 países donantes.
La comisión es integrada por el Ministerio Público, la SBS, los ministerios del Interior, de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo, de Transportes y Comunicaciones, de la Mujer, y de Justicia.
También de un representante de Relaciones Exteriores, de Justicia, el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas, entre otros.
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