Las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles estarán prohibidas de obligar a los estudiantes o a los padres de familia, a adquirir textos escolares nuevos o de primer uso o que estén diseñados para un solo uso, según el proyecto de ley aprobado el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la República.
El dictamen aprobado fue exonerado de la segunda votación por la Junta de Portavoces, de modo que queda listo para su promulgación por el presidente de la República.
La norma, que modificó la Ley 29694, fue aprobada con voto a favor de 22 congresistas, ninguno contra y una abstención. También, con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó la Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (ver nota aparte).
La iniciativa legislativa, orientada a proteger a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares, garantiza a padres y alumnos su derecho a adquirir y utilizar textos de segundo uso como fuente de consulta o material de estudio y de trabajo.
Con el mismo objeto, las instituciones educativas deberán promover el intercambio de materiales educativos o la implementación de bancos de libros que busquen proteger la economía de los padres de familia.
El proyecto aprobado resume, en un texto consensuado, los dictámenes emitidos por las comisiones de Educación, Juventud y Deporte, y de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, puesto a consideración de la CP por los presidentes de ambos grupos dictaminadores, Rennán Espinoza Rosales (AP) y Jaime Delgado Zegarra (NGP), respectivamente.
Delgado explicó que la iniciativa buscaba poner fin a una práctica indebida iniciada hace diez años en perjuicio de los padres de familia.
Con tal finalidad, el proyecto precisa que el Ministerio de Educación (MED) será el responsable de establecer los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que utilizan las instituciones de gestión privadas en los procesos de selección y adquisición de material educativo en pluralidad de ofertas.
El dictamen aprobado señala también que en los procesos de selección de textos escolares deberán participar el director, los profesores y los padres de familia.
A su vez, los docentes, en coordinación con el director, deberán presentar a los padres de familia, de ser posible, por lo menos tres propuestas de texto de cada área curricular que cumplan con los criterios de calidad establecidos en la ley.
De otro lado, el proyecto crea un Observatorio Nacional de Textos Escolares (ONTE), a cargo del MED, que se encargará de publicar los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que todo texto escolar debe contener; registrar a las editoriales y establecimientos dedicados a la venta de textos escolares y señalar directamente el precio final de los mismos, entre otras disposiciones.
EDITORIALES CHINAS
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, sugirió que se podría convocar a empresas editoriales chinas para que elaboren los textos escolares, ya que podrían editarlos en forma masiva y venderlos a muy bajos precios.
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